Repercusión fiscal del Real Decreto-Ley 15/2018 para la transición energética

El BOE de 6 de octubre publicó el Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores, como un intento por parte del Gobierno para abordar, de forma urgente, la actual subida de los precios de la electricidad, ofrecer una mayor cobertura a los ciudadanos en situación de vulnerabilidad e incrementar la protección de los consumidores, con medidas que permitirán ajustar mejor la tarifa al consumo, reduciendo su factura eléctrica. Asimismo, la norma adopta medidas para acelerar la transición hacia un modelo energético basado en energías renovables. Entre otras, se elimina el denominado “impuesto al sol”, se reconoce legalmente el autoconsumo compartido y se flexibiliza la actividad de recarga de vehículos eléctricos, eliminado la figura del gestor de carga.

Pero, en materia fiscal ¿En qué nos afecta este Real Decreto-Ley?

  • Ampliación del bono social eléctrico: Como medidas de acción urgente, el actual bono social eléctrico amplía su cobertura
  • Bono social para calefacción: Para ampliar la protección de los beneficiarios del bono social eléctrico, el Ejecutivo crea un bono social término (BST). Se trata una ayuda económica directa para que los hogares vulnerables puedan hacer frente a sus gastos de calefacción, agua caliente o cocina este invierno, con independencia del combustible que utilicen.
  • Medidas de protección para los consumidores: El Real Decreto-Ley contiene medidas dirigidas a incrementar la protección del conjunto de consumidores de electricidad, lo que permitirá optimizar la contratación de este suministro y reducir la factura eléctrica.
  • Eliminación del “Impuesto al sol”: Atendiendo a la necesidad de activar de forma urgente e ineludible la transición hacia un modelo energético limpio y accesible para el conjunto de la ciudadanía, el Real Decreto-Ley elimina una serie de barreras regulatorias que, hasta el momento, han dificultado y desincentivado la implantación del autoconsumo eléctrico en España. La nueva regulación impulsada por el Ejecutivo se basa en tres principios: se simplifican los trámites burocráticos y técnicos requeridos, como la inscripción en un registro para aquellas instalaciones no superiores a 100 kilovatios; se reconoce el derecho al autoconsumo compartido por parte de uno o varios consumidores, lo que permitirá aprovechar las economías de escala; y se reconoce el derecho a autoconsumir energía eléctrica sin peajes ni cargos. Queda, por tanto, derogado el cargo que se imponía al autoconsumidor por la energía generada y consumida en su propia instalación, el denominado “impuesto al sol”. El desarrollo del autoconsumo garantiza a los consumidores el acceso a alternativas más baratas y respetuosas con los límites del planeta, contribuye a reducir las necesidades de la red eléctrica, genera mayor independencia energética y permite reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Además, es una actividad generadora de empleo vinculado a la transición ecológica, como ya se ha demostrado en países de nuestro entorno.
  • Impulso al vehículo eléctrico: La movilidad sostenible, vector imprescindible para la transición ecológica. Uno de los factores que detrae a los usuarios de adquirir un vehículo enchufable es la baja disponibilidad de puntos de recarga públicos y para  aumentar su presencia, el Gobierno elimina la figura del gestor de carga prevista en la Ley del Sector Eléctrico, pues se ha revelado como excesivamente rígida y desincentivadora de la actividad.
  • Moderación de los precios de electricidad: Como medida de choque ante la subida del precio de la luz experimentado en los últimos meses, el Real Decreto-Ley incorpora dos disposiciones relacionadas con la normativa fiscal con el objetivo de moderar, de forma directa, la evolución de los precios en el mercado mayorista de electricidad. En primer lugar, se suspende el impuesto del 7% a la generación eléctrica, aprobado en 2012, durante seis meses (disposiciones adicionales sexta y séptima del Real Decreto-ley, donde se establece la determinación de la base imponible y del importe de los pagos fraccionados durante los ejercicios 2018 y 2019, respectivamente). En segundo lugar, se introduce una exención en el Impuesto Especial de Hidrocarburos para los productos energéticos destinados a la producción de electricidad en centrales eléctricas o a la producción de electricidad o a la cogeneración de electricidad y de calor en centrales combinadas, modificando para ello la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales (disp. final primera del Real Decreto-ley). . Este gravamen, pensando para desincentivar el uso de fuentes de energía ligadas a hidrocarburos, emite en el mercado una señal opuesta: el céntimo es trasladado a los precios finales de la electricidad cuando tecnologías como el gas fijan los precios en el mercado mayorista. Las dos medidas fiscales reducirían la factura del último cuatrimestre en una cuarta parte de la subida total: unos 6,2 euros para el hogar de 2.600 kWh y unos 8,5€ para el hogar más intensivo, con consumos de 3.600 kWh. Ambas medidas se adoptan de forma temporal mientras el Gobierno de España aborda, de forma participada, un conjunto de medidas estructurales tendentes a adaptar el funcionamiento del mercado a un modelo energético diferente y más plural, que ha de ser positivo para el medio ambiente, la salud pública, la calidad de vida de los ciudadanos y la modernización de la economía. Para garantizar que los menores ingresos tributarios derivados de las medidas anteriores pongan en riesgo la sostenibilidad del sistema eléctrico, se eleva para 2018 el límite máximo de los ingresos por la subasta de los derechos de emisión de gases de efecto invernadero que se transfiere al sistema eléctrico anualmente y que hasta ahora estaba establecido en el 90% del ingreso total, con un máximo de 450 millones al año. Por último, para mayor refuerzo de la sostenibilidad financiera del sistema eléctrico -que, en definitiva, equivale a garantizar que no se tengan que incrementar los peajes y cargos que pagan los consumidores-, se introduce la posibilidad de que el superávit acumulado de ingresos del sector eléctrico pueda ser aplicado a los desajustes de ingresos y gastos que se pudieran producir en los ejercicios 2018 y 2019.
  • Cumplimiento de los objetivos en energías renovables: Con el objeto de cumplir con los objetivos de penetración de energías renovables fijados por la Unión Europea para 2020, lograr que el 20% del consumo energético provenga de fuentes renovables, y materializar los objetivos del Acuerdo de París en los horizontes 2030 y 2050, España ha de acelerar la integración de las energías renovables en su mix energético, una cuestión que contribuirá a reducir los costes energéticos en el medio y largo plazo, además de contribuir a la lucha contra el cambio climático, al que nuestro país es especialmente vulnerable.

Fuente: La Moncloa

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